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Las agresiones sexuales, como el resto de delitos, tienen asociadas unas condenas en el Código Penal con unas horquillas temporales y la contemplación de unos agravantes que desplazan las horquillas hacia mayor tiempo de privación de libertad.
Es de sobra conocido que si la condena supone un tiempo menor o igual a dos años de prisión y no se tienen antecedentes penales, no se ingresa en un centro penitenciario.
Como he dicho antes, en cada delito contemplado en el Código Penal se pueden dar una serie de agravantes. En el caso de las agresiones sexuales, los agravantes serían los siguientes: si hay acceso carnal vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por las dos primeras vías; que se produzca hacia menores o personas vulnerables. Además, las penas se verán incrementadas si concurre violencia o intimidación con carácter particularmente degradante o vejatorio; actuación conjunta de dos o más personas; víctima especialmente vulnerable, por edad, enfermedad, discapacidad; cuando el agresor se haya prevalido de una relación de superioridad o parentesco; cuando haga uso de armas u objetos peligrosos.
En el caso de agresiones sexuales de un adulto a una menor, si esta tiene menos de 16 años, edad en que el consentimiento sexual, aunque se produzca, no es válido, la condena es mayor.
En el momento actual estamos siendo testigos de un incremento importante de casos de violencia sexual entre menores. La fiscal del Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana, Teresa Gisbert, ya apuntó a este aumento en 2022 y desde entonces alerta de que entre las causas más relevantes está el acceso de pornografía a edades cada vez más tempranas, que hace que estos menores tengan conceptos cosificados de las mujeres, retrógrados y machistas.
Con todo esto, no dejan de sorprendernos casos en que, aun habiendo múltiples agravantes, muchas condenas se quedan en la horquilla menor. Esto implica varias lecturas. La primera, que la sociedad se queda con la sensación de que estos delitos quedan impunes, que este tipo de agresiones no merecen ser consideradas con la gravedad que suponen en realidad. El mismo mensaje reciben tanto los agresores como las víctimas. Unos sienten cierta impunidad y otras reciben el mensaje de que no vale la pena denunciar.
Las consecuencias en las vidas de las víctimas, denuncien o no, son devastadoras. El daño que les produce una agresión sexual les afecta en muchas áreas de su vida y hace falta mucho trabajo y mucho tiempo para que puedan llegar a recuperarse. A tener una vida tranquila sin que les atenace un sentimiento de inquietud o angustia. A volver a tener unas relaciones sexo-afectivas sin que planee sobre ellas la sombra de la agresión que sufrieron. A recuperar la confianza en los demás. A dejar de tener pesadillas. A sentirse seguras.
Así que, si después de pasar por el calvario revictimizador de denunciar y declarar en el juzgado, su agresor queda libre, les invade una sensación de injusticia.
Todo esto está enmarcado en una sociedad patriarcal que normaliza, minimiza e, incluso, niega las violencias sexuales. Podría asegurarse que la justicia no escapa a este sesgo patriarcal y, de ahí, que la interpretación de la ley en estos casos se quede corta.
El movimiento feminista, al que pertenece el Col.lectiu de Dones Feministes de Montcada, tiene claro que urge la implantación de la coeducación en los centros educativos, una educación afectivo-sexual feminista e igualitaria, y una legislación que limite el acceso a los dispositivos de los menores, además de la abolición de la pornografía y la prostitución. Y, por supuesto, también urge una revisión de la judicatura.
Sonia Mele Puerto, Col·lectiu de Dones Feministes Montcada.
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